Esta iniciativa ha encontrado respaldo en figuras políticas como la senadora Angélica Lozano, quien ha impulsado proyectos similares y declaró: “En esto sí estoy de acuerdo con Petro”.

La medida se enmarca en un contexto de fuerte crítica ciudadana hacia los altos salarios del Congreso y se presenta como un acto de justicia social, especialmente tras el significativo aumento del salario mínimo decretado para 2026. Sin embargo, la elección de la vía del decreto para una materia tan sensible, que afecta directamente al poder legislativo, podría ser interpretada como un desafío al Congreso, donde las propuestas de reducción salarial han sido sistemáticamente bloqueadas. La inminente expedición del decreto pondrá a prueba las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo en el inicio del año electoral.