El Gobierno, a través del ministro del Interior, Armando Benedetti, argumenta que la convocatoria es irregular al no cumplir con los plazos estipulados por la ley. Según Benedetti, no se han cumplido “los cinco días hábiles para responder al cuestionario del Congreso”, lo que justifica la ausencia de los ministros. Esta postura es vista por la oposición como una estrategia para eludir el control del Legislativo sobre una medida que consideran un “decretazo” para imponer una reforma tributaria que ya había sido archivada. Por su parte, el presidente del Senado, Lidio García, ha defendido la legalidad de la citación y ha advertido que el Congreso ejercerá su función de control político con o sin la presencia de los funcionarios del Ejecutivo. La declaratoria de emergencia, justificada por el Gobierno ante un supuesto déficit fiscal, ha sido calificada por figuras como el expresidente Iván Duque como “inconstitucional” al no existir un “hecho sobreviniente” que la motive. Este enfrentamiento evidencia la creciente fricción entre los poderes del Estado y la tendencia del gobierno Petro a utilizar estados de excepción para avanzar en su agenda, una práctica que sus críticos consideran un debilitamiento de la institucionalidad democrática y un intento de gobernar sin pasar por el debate legislativo.