El proyecto fue hundido en la comisión senatorial con 9 votos en contra y 4 a favor, lo que fue suficiente para archivarlo definitivamente.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, calificó la decisión como un acto motivado por “cálculos políticos” y advirtió que sin nuevas fuentes de recaudo podrían verse afectados programas sociales y el pago de la deuda. El presidente Petro reaccionó afirmando que el hundimiento “no es más que el desarrollo del odio político por encima del interés nacional”. Ante este escenario, el Gobierno evalúa la posibilidad de declarar una emergencia económica, un “hecho sobreviniente” que, según el ministro Ávila, se justificaría por el desequilibrio fiscal creado. Esta medida, contemplada en el artículo 215 de la Constitución, otorgaría al presidente facultades para expedir decretos con fuerza de ley sin pasar por el Congreso, aunque con límites temporales y bajo revisión de la Corte Constitucional. La oposición y algunos expertos han manifestado que esta vía sería improcedente y que la Corte podría contener un eventual decreto.