Esta posibilidad ha sido calificada como un “oso jurídico” y una medida para favorecer al Gobierno.

La legalidad de la reforma también ha sido cuestionada por su presunta conexión con el escándalo de corrupción de la UNGRD. La Fiscalía sostiene que el esquema de direccionamiento de contratos buscaba, entre otros objetivos, asegurar los votos necesarios en el Congreso para aprobar tanto la reforma pensional como la de salud. Según la fiscal del caso, el exministro Luis Fernando Velasco le ordenó a Olmedo López “apoyar la reforma pensional” entregando contratos a determinados congresistas para ampliar las mayorías en la Comisión Séptima del Senado.