El intento del Gobierno por mantener con vida el Ministerio de la Igualdad más allá de 2026 enfrenta un panorama adverso desde el inicio de su trámite en el Congreso. El debate en comisiones conjuntas arranca este martes con la radicación de una ponencia de archivo por parte de senadores de oposición, que argumentan desde baja ejecución hasta la intención de usar sus recursos con fines electorales. El Gobierno radicó un nuevo proyecto de ley después de que la Corte Constitucional tumbara en 2024 la ley original que creó la cartera, al encontrar vicios de trámite por no haber analizado su impacto fiscal. Aunque el fallo fue diferido para no afectar su funcionamiento inmediato, el Ejecutivo está obligado a subsanar el error en el Congreso antes de que finalice el mandato actual.
Sin embargo, la iniciativa enfrenta una fuerte resistencia.
Los senadores Paloma Valencia del Centro Democrático y Germán Blanco del Partido Conservador presentaron una ponencia negativa para archivar el proyecto.
Entre sus argumentos, destacan la baja ejecución presupuestal del ministerio, que ha estado envuelto en polémicas.
La senadora Valencia expresó su preocupación de que la cartera pueda contratar grandes sumas de dinero, estimadas en 1.9 billones de pesos, "por derecho privado, sin licitación" y sin cumplir la Ley 80, lo que a su juicio representa un riesgo de cara a las elecciones de 2026. "Dinero listo para gastar como quieran en las elecciones de 2026", afirmó.
A esto se suma el historial reciente del ministerio, marcado por la renuncia de la vicepresidenta Francia Márquez como ministra, quien denunció racismo dentro del Gobierno, y la salida de una viceministra por denuncias de acoso laboral.
En resumenEl proyecto de ley del Gobierno para asegurar la continuidad del Ministerio de la Igualdad inicia su debate en el Congreso enfrentando una oposición inmediata. Se ha presentado una moción para archivar la iniciativa, con argumentos que van desde el bajo rendimiento y las controversias internas del ministerio hasta la preocupación de que su presupuesto pueda ser utilizado con fines políticos, lo que augura un trámite legislativo complejo.