Esta iniciativa es una respuesta a una demanda histórica del movimiento estudiantil por mayores recursos para las universidades públicas. La reforma, que ha sido una bandera del movimiento estudiantil desde las movilizaciones de 2018, propone cambios estructurales para saldar lo que el Ministerio de Educación denomina una "deuda histórica" con el sector. Uno de los ejes principales es la modificación de la fórmula de cálculo de los recursos, que actualmente se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El proyecto establece que la base será el indicador que resulte mayor entre el IPC y el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), garantizando que el presupuesto no pierda poder adquisitivo frente a los costos específicos del sector. Además, la iniciativa plantea un aumento progresivo de la financiación hasta alcanzar el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) en un plazo de 15 años. Otros objetivos clave incluyen la priorización de la apertura de programas académicos en más de 800 municipios que carecen de instituciones de educación superior y el fortalecimiento de la planta docente y las políticas de bienestar universitario. La aprobación en comisión contó con el respaldo del Consejo Nacional de Rectores del Sistema Universitario Estatal, que había hecho un llamado a la Cámara para agilizar su trámite. Ahora, el proyecto queda a un solo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes para convertirse en ley.