Con 91 grupos inscritos, el panorama electoral se presenta excepcionalmente fragmentado.

Cada aspirante debe presentar poco más de 635.000 firmas válidas, un desafío logístico y financiero que ha impulsado una intensa “precampaña” no regulada. La Registraduría tendrá hasta el 21 de enero de 2026 para verificar aproximadamente 59 millones de firmas, un proceso que depurará significativamente la lista de más de 100 precandidatos. Este plazo es visto como el primer gran obstáculo que definirá quiénes tienen la estructura y el respaldo popular para continuar en la contienda, lo que a su vez reconfigurará el escenario de alianzas y coaliciones de cara a las elecciones.