En respuesta, el gobierno del presidente Petro radicó un “mensaje de urgencia”, un mecanismo constitucional que obliga al Congreso a dar prioridad al trámite del proyecto. Esta acción convierte la semana en “crucial” para el futuro de la Jurisdicción Agraria, poniendo a prueba la capacidad del Ejecutivo para movilizar a su coalición y superar las tácticas de bloqueo de la oposición en la Cámara. El resultado de estos próximos debates será un termómetro de la gobernabilidad y de la viabilidad de la agenda legislativa del Gobierno en su recta final.