La controversia se centra en dos frentes. Primero, la resolución que busca prohibir la explotación de hidrocarburos y la minería legal en la Amazonía colombiana. La senadora Rozo argumenta que esta medida estigmatiza a un sector que opera con licencias ambientales y que no es la principal causa de deforestación en la región, la cual, según ella, solo ocupa el 1,6% del ecosistema. Cuestiona, además, la falta de sustento técnico para afirmar que estas industrias han causado impactos negativos no gestionados.

El segundo punto de la citación es el doble rol de Irene Vélez. Como directora de la ANLA y ministra (e) de Ambiente, se le pide aclarar la justificación legal de su simultaneidad de cargos y qué mecanismos ha implementado para evitar conflictos de interés, especialmente en decisiones que involucran licencias ambientales que su propia agencia gestiona. La proposición ya fue aprobada y está a la espera de ser agendada, en un momento en que el gobierno ha presentado esta resolución como un logro en escenarios internacionales como la COP30, a pesar de que aún está en fase de observaciones y enfrenta cuestionamientos jurídicos.