Permitiría al Estado colombiano, por ejemplo, prestar asistencia consular a sus nacionales detenidos en el exterior bajo acusaciones de mercenarismo, garantizando sus derechos y la posibilidad de cumplir penas en el país. La demora en el Congreso tiene un alto costo humano y diplomático. A nivel internacional, la falta de acción proyecta una imagen de un país que no asume su responsabilidad en un fenómeno en el que es un actor principal, como lo demuestran las alertas elevadas por Sudán ante la ONU. A nivel interno, la ausencia de una normativa robusta deja operar con impunidad a las redes criminales que reclutan y exportan combatientes, y abre la puerta a que estos, a su regreso, apliquen sus conocimientos en actividades delictivas dentro de Colombia. La elección para el Congreso es clara: seguir siendo percibido como un "semillero de violencia" o asumir un problema que ya afecta su seguridad interna y su reputación global.