El futuro de la reforma pensional (Ley 2381 de 2024), una de las iniciativas bandera del gobierno Petro, depende de una decisión final de la Corte Constitucional. El alto tribunal detuvo su entrada en vigencia, prevista para julio de 2025, al identificar vicios en el procedimiento legislativo, y aunque la Cámara de Representantes ya corrigió el trámite, la incertidumbre jurídica persiste sobre el nuevo sistema de pilares. La intervención de la Corte se produjo por irregularidades durante el debate en la Cámara, lo que obligó a suspender la aplicación de la ley hasta que se resuelva de fondo su constitucionalidad. Este limbo jurídico ha generado un debate sobre la viabilidad de implementar partes de la reforma de manera independiente, especialmente el pilar solidario.
Este componente busca establecer una Renta Básica Solidaria para adultos mayores en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad que no tienen acceso a una pensión.
Algunos análisis sugieren que, al ser un beneficio asistencial financiado por el Presupuesto General de la Nación, el Gobierno podría implementarlo a través de la ampliación de programas existentes como Colombia Mayor, sin necesidad de esperar el fallo de la Corte sobre la totalidad de la reforma. El procurador general, Gregorio Eljach, ha respaldado la reforma, pero también ha pedido a la Corte que se tome el tiempo necesario para garantizar que la ley fue bien tramitada. Mientras tanto, el país aguarda el veredicto que definirá el futuro del sistema pensional y la protección de millones de adultos mayores.
En resumenLa reforma pensional del gobierno Petro está en un limbo jurídico, a la espera de una decisión final de la Corte Constitucional sobre su trámite legislativo. Esta suspensión ha abierto un debate sobre la posibilidad de implementar de forma anticipada el pilar solidario, mientras el país aguarda el fallo que determinará la viabilidad de uno de los proyectos sociales más importantes de la actual administración.