Los opositores argumentan que la nueva jurisdicción generará inseguridad jurídica para los propietarios y afectará la inversión. Por otro lado, quienes la respaldan sostienen que la mayor inseguridad la viven hoy los campesinos sin títulos y las víctimas de despojo, y que sin esta herramienta, la reforma rural integral pactada en La Habana no será viable. La parálisis legislativa motivó incluso a organizaciones campesinas a movilizarse en el Congreso para presionar por el avance del proyecto, evidenciando que su futuro es un punto crítico en la implementación de la paz.