La acción legislativa, impulsada por las representantes Katherine Miranda y Catherine Juvinao, surge como respuesta a un bombardeo en Guaviare donde murieron siete menores de edad reclutados por disidencias. La controversia escaló rápidamente, generando una profunda división política y un escrutinio sobre la coherencia de la política de seguridad del gobierno de Gustavo Petro. El ministro Sánchez defendió la operación argumentando que fue necesaria para proteger a un pelotón de 20 militares que enfrentaban una amenaza de más de un centenar de disidentes. En una declaración que avivó la polémica, sostuvo que “quien se involucra en las hostilidades pierde toda protección; lo que mata no es la edad, es el arma”. Por su parte, el presidente Petro asumió la responsabilidad de la decisión, explicando que, de no haber actuado, se habría lamentado una emboscada contra los soldados. Sin embargo, estas justificaciones contrastan fuertemente con la postura que el propio Petro mantuvo como senador, cuando calificó bombardeos similares bajo el gobierno de Iván Duque como crímenes de guerra. Esta aparente contradicción ha sido el principal argumento de la oposición y de sectores de izquierda críticos con el gobierno. La representante Miranda, una de las promotoras de la moción, afirmó: “Lo grave de este gobierno es que está justificando el bombardeo”. El debate en la Cámara de Representantes no solo medirá la solidez de la coalición de gobierno, sino que también obligará a la administración a confrontar públicamente el dilema ético y estratégico del uso de la fuerza en un conflicto donde el reclutamiento de menores es una constante.