El objetivo es evitar que los recursos públicos sean utilizados para favorecer campañas políticas.

En paralelo, la Contraloría ha activado una vigilancia especial tras detectar picos significativos en la contratación estatal en los meses previos al inicio de las restricciones. Según el ente de control, se identificaron contratos y convenios interadministrativos por más de 7,5 billones de pesos entre septiembre y octubre de 2025, lo que genera preocupación sobre un posible afán de las entidades por comprometer recursos antes de que la ley entre en efecto. Estas acciones de los organismos de control buscan asegurar la transparencia y equidad en la contienda electoral que se avecina.