La parálisis ha escalado a un enfrentamiento jurídico y político. El senador Fabián Díaz, del Partido Verde, interpuso una acción de tutela contra la mesa directiva de la comisión para forzar la discusión del proyecto.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro ha instruido al ministro de Salud a iniciar acciones judiciales por las demoras, argumentando que se está obstruyendo una reforma crucial. La oposición, encabezada por el Partido Conservador y el Centro Democrático, ha respondido presentando proposiciones para aplazar nuevamente el debate, argumentando falta de claridad sobre su financiación. Según la senadora conservadora Nadia Blel, los ministerios de Hacienda y Salud no habían especificado el origen de los recursos. En respuesta, el Gobierno ha insistido en que el proyecto cuenta con el aval fiscal necesario y recientemente lo presentó formalmente ante la comisión, con la conclusión del Ministerio de Hacienda de que el impacto económico puede asumirse sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas. Mientras tanto, el Gobierno analiza un 'plan b' y la posibilidad de expedir decretos para implementar partes de la reforma, y organizaciones de salud han rechazado las acusaciones de senadores del Pacto Histórico, alertando sobre una posible crisis humanitaria en el sistema.