La controversia judicial tiene dos frentes.

El primero, y más decisivo, es el análisis sobre si la Cámara de Representantes subsanó correctamente las irregularidades ocurridas durante el último debate de la reforma. El magistrado ponente, Jorge Enrique Ibáñez, ya radicó una ponencia negativa que argumenta varias fallas de procedimiento.

Entre sus argumentos, revelados por La Silla Vacía, se encuentran que la citación a la Cámara fue demasiado rápida, que la oposición no pudo socializar sus proposiciones, que acoger el texto aprobado por el Senado fue irregular y que las actas de dichas sesiones no se aprobaron conforme a la ley. El segundo frente es el estudio de una recusación presentada por la senadora Paloma Valencia contra el magistrado Héctor Carvajal. Valencia solicita apartarlo de la discusión argumentando que, antes de llegar a la Corte, Carvajal asesoró a Colpensiones y emitió conceptos sobre la reforma. Para analizar este punto, el magistrado Ibáñez exigió a Colpensiones la entrega de los archivos originales de los contratos de Carvajal, dándole un plazo de 24 horas y advirtiendo que los documentos enviados inicialmente no cumplían con los estándares de autenticidad digital. La decisión final de la Corte sobre estos dos asuntos será determinante para la supervivencia de la reforma pensional.