La Comisión Séptima del Senado ha suspendido su discusión, generando una crisis política que enfrenta al Ejecutivo con una parte del Legislativo. El eje del conflicto es la exigencia de un aval fiscal que certifique la sostenibilidad financiera del proyecto. Senadores de la comisión, liderados por su presidente Miguel Ángel Pinto, argumentan que están cumpliendo con la Constitución y la ley al no debatir una iniciativa que genera un impacto económico sin tener claras sus fuentes de financiación. Por su parte, el Gobierno insiste en que el aval del Ministerio de Hacienda ya fue presentado y que existe una maniobra para dilatar el proceso.

Esta parálisis ha escalado las tensiones a un nivel crítico.

El presidente Petro acusó a la comisión de “negarse a cumplir su deber” y anunció que implementará un “plan B” para aplicar aspectos de la reforma sin la aprobación del Congreso, una medida que la oposición ha calificado de “decretazo” y una afrenta a la separación de poderes. Adicionalmente, el ministro del Interior, Armando Benedetti, ha calificado la situación como un “bloqueo institucional”, mientras que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, fue instruido para iniciar demandas por la demora. En medio de la disputa, diversas organizaciones del sector salud han manifestado su preocupación, alertando sobre una posible crisis humanitaria en el sistema. El futuro de la reforma depende de la resolución de este enfrentamiento, mientras el Gobierno explora acciones unilaterales y la comisión senatorial se mantiene firme en sus requerimientos legales.