Exclusión del capítulo étnico y la JEP en la Misión de la ONU genera debate político

La reciente renovación del mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia ha desatado una fuerte controversia política, debido a la exclusión del seguimiento al capítulo étnico del Acuerdo de Paz y a las sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esta decisión, impulsada por la abstención de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, es vista por diversos sectores como un retroceso en la consolidación de la paz. La vicepresidenta Francia Márquez lamentó la medida, afirmando que "representa un retroceso significativo" y que la falta de verificación puede agravar la vulnerabilidad de las comunidades étnicas, en cuyos territorios persiste la violencia. En la misma línea, el excanciller Luis Gilberto Murillo calificó la exclusión como "un retroceso para la paz". Desde el partido Comunes, el exjefe de las FARC, Rodrigo Londoño ('Timochenko'), ha hecho un llamado al presidente Petro para que interceda y logre que la ONU reconsidere su postura, especialmente en lo que respecta a la verificación de las sentencias de la JEP. Londoño considera que "el apoyo de la ONU es vital para cumplir el Acuerdo de Paz". La decisión del Consejo de Seguridad, que renovó la misión solo por un año en lugar de los dos habituales, refleja las tensiones diplomáticas entre el gobierno Petro y la administración Trump, que ha sido muy crítica con las políticas de paz del mandatario colombiano. El debate sobre el alcance de la verificación internacional será un tema central en la agenda legislativa y de política exterior en los próximos meses.

En resumen

La decisión de la ONU de no verificar el capítulo étnico ni las sanciones de la JEP en su misión en Colombia ha generado un amplio rechazo, siendo calificada como un retroceso para la paz y abriendo un debate sobre la necesidad de gestiones diplomáticas para revertir la medida.

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