Los congresistas investigados, Julián Peinado, Liliana Bitar, Wadith Manzur, Juan Pablo Gallo, Karen Manrique y Juan Diego Muñoz, eran miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Según la Fiscalía, habrían pactado acuerdos para votar a favor de proyectos del gobierno a cambio de contratos que se habrían financiado con recursos de la UNGRD destinados a emergencias. Testimonios clave, como el de María Alejandra Benavides, exasesora del entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, han aportado detalles sobre el presunto modus operandi, señalando que los miembros de dicha comisión tenían un acceso privilegiado al Ministerio. La defensa de los implicados aún puede presentar un recurso de reposición para solicitar la práctica de nuevas pruebas. Sin embargo, el cierre de esta etapa acerca la inminente decisión de la Corte, que podría resultar en uno de los juicios por corrupción más relevantes de los últimos años, con serias implicaciones para el Congreso y el Gobierno.