La renovación, aprobada el 31 de octubre, se extenderá por un año, hasta octubre de 2026, a diferencia de resoluciones anteriores que cubrían dos años. Por primera vez desde su creación, la decisión no fue unánime: contó con 13 votos a favor y dos abstenciones, una de ellas de Estados Unidos.

El representante estadounidense, Mike Waltz, expresó duras críticas a las políticas del presidente Gustavo Petro, afirmando que estas son "equivocadas e irresponsables y han contribuido a una mayor inestabilidad y violencia en Colombia".

Esta postura refleja la creciente tensión entre las administraciones de Petro y Trump. La resolución aprobada introdujo cambios significativos en el mandato de la Misión, eliminando dos de sus tareas clave: la verificación del cumplimiento de las sentencias emitidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el acompañamiento a la implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz. La vicepresidenta Francia Márquez lamentó esta exclusión, calificándola como un "retroceso significativo".

Por su parte, la JEP aseguró que, a pesar de la decisión, garantizará la verificación del cumplimiento de sus sentencias a través de su propio sistema de monitoreo. La votación se produjo en un momento de gran incertidumbre, ya que el respaldo de Estados Unidos, que tiene poder de veto, se consideraba crucial para la continuidad de la Misión, que representa un apoyo anual de aproximadamente 70 millones de dólares y otorga legitimidad internacional al proceso de paz.