El presidente Gustavo Petro anunció su intención de que un comité ciudadano presente un proyecto de ley para convocar una Asamblea Nacional Constituyente el 20 de julio de 2026, día de la instalación del nuevo Congreso. La propuesta, revelada durante una masiva concentración en la Plaza de Bolívar, busca blindar constitucionalmente las reformas sociales de su gobierno y sería impulsada por una recolección de hasta diez millones de firmas. Según el mandatario, no se trataría de “reformar toda la Constitución”, sino de una asamblea de tres meses para “aprobar las normas constitucionales que permitan los derechos y la justicia social en Colombia”. Petro aclaró que para cuando se instale dicha asamblea, él ya no será presidente, pero se comprometió a entregar personalmente las firmas y el proyecto de ley en su último discurso ante el legislativo.
La iniciativa ha sido recibida con fuerte rechazo por parte de la oposición y analistas.
El exministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien renunció a su cargo, ya había presentado un borrador que fue ampliamente criticado. Opositores, como el autor del artículo “Constituyente que nace muerta”, la califican como una “cortina de humo” inviable por falta de tiempo y mayorías en el Congreso, además de considerarla un ataque al sistema de frenos y contrapesos. Concejales de Bogotá también rechazaron la propuesta, calificándola de antidemocrática y una estrategia para incendiar al país en plena campaña electoral.
En resumenLa propuesta del presidente Petro de impulsar una Asamblea Constituyente mediante un proyecto de ley que se presentaría el 20 de julio de 2026 ha polarizado el debate político. Mientras el gobierno la defiende como un mecanismo para asegurar reformas sociales, la oposición la considera una maniobra inviable y una amenaza a la institucionalidad democrática.