El Consejo de Estado asestó un duro golpe a la agenda reformista del Gobierno al suspender provisionalmente el Decreto 0858 de 2025. Esta norma implementaba el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo, considerado el ‘plan B’ del presidente Gustavo Petro tras el hundimiento de su proyecto de ley de reforma a la salud en el Congreso. La decisión de la Sección Primera del alto tribunal responde a una demanda interpuesta por el representante a la Cámara Andrés Forero, del Centro Democrático, quien argumentó que el Ejecutivo “excedió su potestad reglamentaria y vulneró el principio de reserva de ley”. El Consejo de Estado coincidió, señalando que el decreto introducía cambios estructurales en el sistema de salud, como la redefinición de la organización territorial y las competencias de las entidades, materias que son competencia exclusiva del Congreso de la República. La norma suspendida buscaba reestructurar el funcionamiento de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y crear un modelo de atención primaria centralizado. La decisión judicial frena temporalmente su aplicación mientras se adelanta el proceso de fondo.
La reacción del Gobierno fue contundente.
El presidente Petro criticó el fallo, afirmando que “suspender un sistema preventivo en un país es ir contra la vida humana”. Por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, calificó la decisión de “inadmisible”, pero aseguró que será acatada, aunque insistió en que “el cambio continúa”. En contraste, la oposición y gremios como la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) celebraron la medida, calificándola como una “victoria institucional” que protege el Estado de Derecho y da tranquilidad a los pacientes.
En resumenEl Consejo de Estado frenó la implementación de la reforma a la salud que el Gobierno Petro intentaba ejecutar por decreto, argumentando que el Ejecutivo invadió competencias del Congreso. La suspensión provisional del Decreto 0858 fue celebrada por la oposición como una defensa de la institucionalidad, mientras que el presidente la criticó duramente, calificándola como un atentado contra la vida y la salud pública.