El Gobierno Nacional ha formalizado su intención de convocar una Asamblea Nacional Constituyente al presentar un borrador de proyecto de ley. La iniciativa, anunciada por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, ha generado un rechazo generalizado en el Congreso y en gremios empresariales, agudizando la polarización política del país. El proyecto propone una asamblea de 71 delegatarios, elegidos por voto popular con paridad de género y representación de diversos sectores sociales, que sesionaría durante tres meses con la facultad de reformar toda la Constitución de 1991, aunque sin disolver el Congreso. El Gobierno justifica la convocatoria argumentando un “bloqueo institucional” que impide el avance de sus reformas sociales. El presidente Gustavo Petro respaldó la propuesta, aclarando que “el borrador que hace el ministro de Justicia será corregido por las organizaciones sociales que configuren el comité pro constituyente que recogerá las firmas” y que será una “iniciativa popular”. Además, convocó a una movilización en la Plaza de Bolívar para este 24 de octubre con el fin de iniciar dicha recolección. La reacción de la oposición fue inmediata.
Partidos como el Centro Democrático, Cambio Radical, La U y el Partido Conservador anunciaron que no apoyarán el proyecto, calificándolo como un “riesgo institucional y democrático”.
La senadora Paloma Valencia anunció una moción de censura contra el ministro Montealegre, acusando al Gobierno de querer “acabar con la Constitución del 91” y de buscar una “dictadura de izquierda”. Gremios como la ANDI y Fenalco también expresaron su preocupación; este último calificó la propuesta como una “vulgar copia de la constituyente impulsada por Nicolás Maduro en 2017”. El camino legal es complejo: requiere aprobación por mayoría en ambas cámaras del Congreso, revisión de la Corte Constitucional y, finalmente, el voto afirmativo de al menos 13 millones de colombianos en una consulta popular.
En resumenEl Gobierno de Gustavo Petro ha propuesto una Asamblea Constituyente para, según argumenta, superar un “bloqueo institucional”. Sin embargo, la iniciativa enfrenta un fuerte rechazo de la mayoría de los partidos políticos y gremios, que la ven como una amenaza a la estabilidad democrática y una maniobra electoral, cuyo trámite legal y político se anticipa extremadamente difícil.