Otro cambio significativo es la modificación del artículo 87, que aumenta del 30% al 70% los recursos adicionales ligados al crecimiento del PIB. A pesar de las restricciones fiscales del país, el proyecto cuenta con el aval del Ministerio de Hacienda, lo que aumenta sus posibilidades. Sin embargo, el ambiente preelectoral y el ajustado calendario legislativo representan los mayores riesgos para que esta reforma, demandada históricamente por el movimiento estudiantil y académico, se convierta en ley.
Avanza en el Congreso proyecto clave para la financiación de la educación superior pública
El proyecto de ley 212 de 2024, que busca reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 para garantizar una financiación digna a la educación superior pública, se encuentra a mitad de su trámite legislativo. Tras ser aprobado en la plenaria del Senado el 24 de septiembre, ahora enfrenta una carrera contrarreloj para su discusión y aprobación en la Cámara de Representantes antes de que finalice la legislatura. Esta iniciativa, impulsada por parlamentarios de diversas bancadas y respaldada por el ministro de Educación, Daniel Rojas, es considerada fundamental para abordar la desfinanciación estructural que han sufrido las universidades e instituciones técnicas y tecnológicas públicas durante más de tres décadas. Entre sus puntos clave, el proyecto propone modificar el artículo 86 para que el incremento anual de la base presupuestal se calcule con base en el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), en lugar del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que reflejaría de manera más precisa los costos del sector. Además, crea una base presupuestal específica para las instituciones técnicas y tecnológicas, muchas de las cuales actualmente no reciben aportes de la Nación.


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