El futuro de la reforma pensional del Gobierno Petro pende de un hilo en la Corte Constitucional, después de que el magistrado ponente y presidente de la corporación, Jorge Enrique Ibáñez, presentara una ponencia que recomienda declarar su inexequibilidad. El argumento central es que la Cámara de Representantes no subsanó adecuadamente un vicio de procedimiento detectado por la misma Corte, lo que invalidaría toda la ley. El vicio de forma se originó durante el cuarto debate en la Cámara, cuando se aprobó una proposición que acogía en bloque el texto proveniente del Senado, sin debatir ni votar el articulado ni las proposiciones presentadas por los representantes. Aunque la Corte permitió al Congreso corregir el error, la ponencia de Ibáñez, de 83 páginas, concluye que la Cámara "incumplió el mandato de esta Corte y reproduce el vicio original que se pretendía subsanar". Sostiene que en las sesiones extraordinarias de junio solo se debatió una proposición sustitutiva, pero se negó la discusión del articulado, impidiendo la participación de las minorías. El debate en la Sala Plena se ha visto frenado por dos recusaciones presentadas contra el magistrado Ibáñez.
Una de ellas, interpuesta por un ciudadano, lo acusa de tener una "tendencia ultraconservadora" y una "enemistad ideológica" con el Gobierno, utilizando "maniobras interpretativas falaces".
Por su parte, la administradora estatal Colpensiones emitió un comunicado rechazando la ponencia, asegurando que el Congreso sí cumplió con la subsanación. La Corte deberá resolver primero las recusaciones antes de entrar a debatir de fondo la ponencia que podría tumbar una de las reformas sociales más importantes del Gobierno.
En resumenLa reforma pensional enfrenta un futuro incierto en la Corte Constitucional. Una ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez propone declararla inexequible por vicios de trámite no subsanados, pero el debate está suspendido por recusaciones que alegan sesgo ideológico en su contra.