El Ministerio Público argumenta que el acuerdo presenta "graves vicios e irregularidades" que transgreden las normas de contratación estatal. Según el procurador delegado Marcio Melgosa, el principal reproche es que se utilizó la modalidad de contratación directa cuando legalmente correspondía una licitación pública. Además, la investigación reveló que la Casa de la Moneda de Portugal solo aportaba el 21% del valor total del convenio, incumpliendo el requisito mínimo del 50% que exige la Ley 1150 de 2007 para este tipo de acuerdos. La Procuraduría también encontró "un compendio de improvisaciones", como la ausencia de estudios de mercado, falta de justificación técnica y documentos sin firmas. En respuesta, la Cancillería aseguró que no ha sido notificada de la demanda y que "no ha habido, no hay, ni habrá crisis en los pasaportes", garantizando la continuidad del servicio. El presidente Gustavo Petro también defendió el convenio, afirmando que "los datos íntimos de la ciudadanía no deben quedar en manos privadas comerciales" y que se aparta por completo de la postura del procurador.