La reforma pensional, uno de los proyectos legislativos más importantes del gobierno de Gustavo Petro, enfrenta la posibilidad de ser declarada inexequible por la Corte Constitucional. El magistrado y presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, radicó una ponencia de 83 páginas que pide tumbar la totalidad de la Ley 2381 de 2024, argumentando vicios de procedimiento insubsanables durante su trámite en la Cámara de Representantes. La votación de esta ponencia está prevista para el mes de noviembre. El principal argumento de Ibáñez es que la Cámara no corrigió adecuadamente los defectos de trámite señalados previamente por la Corte. Sostiene que se incumplió el deber de deliberación mínima al acoger el texto del Senado sin un debate artículo por artículo, y critica la celeridad de la convocatoria a sesiones extras, que según él, no dio tiempo suficiente a los representantes para prepararse.
La ponencia ha generado una fuerte reacción del Gobierno.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó la actuación de Ibáñez como un "golpe de Estado" y lo acusó de actuar como "líder de la oposición". Benedetti contrastó la postura del magistrado con el concepto favorable de la Procuraduría, que validó el trámite legislativo. La decisión final dependerá de la votación en la Sala Plena de la Corte, donde Ibáñez necesitará el apoyo de una mayoría de magistrados para que su ponencia sea aprobada.
En resumenUna ponencia en la Corte Constitucional, que se votará en noviembre, propone anular la reforma pensional del Gobierno por vicios de trámite insubsanables. La propuesta ha desatado un choque entre el poder judicial y el Ejecutivo, que califica la acción como un "golpe de Estado", dejando en suspenso el futuro de una de las principales iniciativas del mandato de Petro.