La Ley de Garantías Electorales entrará en vigor el 8 de noviembre

A partir del 8 de noviembre de 2025, entrará en vigencia la Ley de Garantías Electorales, que impone estrictas restricciones a la contratación pública y a los movimientos en la nómina estatal. La medida, establecida en la Ley 996 de 2005, busca asegurar la transparencia y la igualdad de condiciones de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026. El objetivo principal de esta normativa es evitar que los recursos y la estructura del Estado sean utilizados con fines proselitistas, garantizando la neutralidad de la administración pública durante el periodo electoral. Desde el 8 de noviembre, gobernadores, alcaldes y gerentes de entidades descentralizadas no podrán suscribir convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos. Posteriormente, a partir del 31 de enero de 2026, la restricción se ampliará a todas las entidades del Estado, suspendiendo la contratación directa y la modificación de las plantas de personal, como la creación de cargos o la vinculación de nuevos funcionarios. La ley contempla excepciones para casos de defensa y seguridad nacional, operaciones de crédito público, y para atender emergencias sanitarias, educativas o desastres naturales, siempre que estén debidamente justificadas. El incumplimiento de estas disposiciones puede acarrear severas sanciones penales, que incluyen penas de prisión de hasta 18 años e inhabilidad para ejercer funciones públicas. La Misión de Observación Electoral (MOE) ha destacado que la ley regula no solo la contratación y la nómina, sino también el comportamiento de los funcionarios y el uso de bienes del Estado para blindar el proceso democrático.

En resumen

La Ley de Garantías Electorales se activará el 8 de noviembre, imponiendo una veda a la contratación directa y a los cambios en la nómina estatal para prevenir el uso de recursos públicos en las campañas de 2026. Esta medida busca asegurar la transparencia y equidad en la contienda electoral, estableciendo excepciones para casos de emergencia y defensa, pero con duras sanciones para los funcionarios que la incumplan.

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