Figuras como Roy Barreras ya han manifestado su intención de participar, buscando agrupar a sectores liberales y de centroizquierda. La principal incertidumbre legal, destacada por el exregistrador Juan Carlos Galindo, es si el ganador de la consulta de octubre puede participar en una segunda consulta. Según el artículo 7 de la ley 1475 de 2011, el resultado de una consulta interpartidista “será obligatorio para el partido”, lo que podría forzar al candidato del Pacto Histórico a inscribirse directamente en la primera vuelta presidencial. Esta ambigüedad jurídica es un factor crítico para la estrategia del Frente Amplio, que busca evitar la fragmentación del voto. A pesar de ello, los precandidatos del Pacto, como Iván Cepeda, han manifestado que el plan es competir en marzo, lo que sugiere que buscarán una fórmula legal para habilitar dicha participación.

La definición de este mecanismo será clave para la configuración de las alianzas de cara a las elecciones presidenciales.