Entrada en Vigencia de la Ley de Garantías Electorales
A partir del 8 de noviembre de 2025, entrará en vigor la Ley de Garantías Electorales, una normativa crucial que restringe la contratación pública directa por parte de entidades gubernamentales en los meses previos a las elecciones. Esta medida busca asegurar la igualdad de condiciones entre los candidatos y prevenir el uso de recursos públicos con fines proselitistas de cara a los comicios de 2026. La ley, que rige durante los cuatro meses anteriores a las elecciones legislativas (programadas para el 8 de marzo de 2026), prohíbe a gobernadores, alcaldes y otras entidades territoriales celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos. Esta restricción tiene un impacto significativo en la administración pública y en el avance de proyectos de infraestructura de gran envergadura. Un ejemplo claro es el Tren de Cercanías del Valle, un proyecto de 12 billones de pesos que depende de la firma de un convenio de cofinanciación con el Ministerio de Transporte. La gobernadora Dilian Francisca Toro ha señalado que el plazo máximo para obtener el aval técnico y financiero es precisamente el 8 de noviembre, antes de que la ley entre en vigencia. De no cumplirse este plazo, el proyecto quedaría aplazado hasta después de las elecciones, lo que demuestra la criticidad de esta normativa para la planificación y ejecución de obras públicas en todo el país. La Agencia Nacional de Contratación Pública ya ha confirmado la fecha de inicio de la ley, instando a las entidades a ajustar sus cronogramas contractuales.



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