Consulta Presidencial y Legislativa del Pacto Histórico
La coalición de gobierno, Pacto Histórico, se prepara para una crucial consulta interpartidista el próximo 26 de octubre, en la que definirá su candidato presidencial para 2026 y el orden de sus listas al Congreso. Este proceso electoral se ha visto envuelto en una compleja batalla jurídica que ha generado incertidumbre sobre su viabilidad y ha puesto a prueba la cohesión de la izquierda colombiana. El camino hacia la consulta ha estado marcado por una serie de obstáculos legales y decisiones contradictorias. Inicialmente, el Consejo Nacional Electoral (CNE) impuso condiciones a la fusión de los partidos de la coalición, excluyendo a movimientos clave como Colombia Humana. Posteriormente, una medida cautelar del Tribunal Superior de Bogotá permitió la inscripción de los precandidatos Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero, pero el mismo tribunal revocó dicha medida días después, declarando improcedente la tutela. A pesar de este revés, la Registraduría Nacional confirmó la realización de la consulta, argumentando que fue solicitada legalmente por los partidos con personería jurídica (Polo Democrático, Unión Patriótica y Partido Comunista) y que no existe una orden judicial que la suspenda. El registrador delegado, Jaime Hernando Suárez, aclaró que “la inscripción no es consecuencia de la medida provisional, sino de la solicitud de los partidos”. Esta decisión fue celebrada por los precandidatos y el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien la calificó como “una buena noticia” para la democracia. Sin embargo, persiste un debate jurídico sobre si el ganador, al provenir de una consulta interpartidista, podrá participar en la consulta del Frente Amplio en marzo de 2026 o si estará obligado a ir directamente a la primera vuelta presidencial.



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