La Corte calificó la maniobra como un posible “engaño” al CNE para obtener la reposición de gastos con base en información inexacta, lo que podría configurar delitos como fraude procesal y falsedad en documento público. Este caso se suma a otras investigaciones sobre la financiación de la campaña Petro, incluyendo la del CNE por presunta superación de topes y aportes de fuentes prohibidas.