Se permite continuar con procesos de licitación pública, concursos de méritos y selección abreviada. También se pueden prorrogar, modificar o ceder contratos firmados antes de las fechas de restricción.

La ley contempla excepciones importantes, como los contratos relacionados con defensa y seguridad del Estado, crédito público, emergencias sanitarias o desastres, y la reconstrucción de infraestructura afectada por atentados o fuerza mayor. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha señalado que la ley no debe verse como un obstáculo, sino como una “oportunidad para fortalecer buenas prácticas” en la administración pública, asegurando que las decisiones se mantengan “libres de cualquier tipo de interés político o electoral”. La medida busca garantizar la transparencia y la igualdad de condiciones entre los candidatos, evitando que los funcionarios en ejercicio utilicen la contratación estatal para influir en la voluntad de los votantes.