Al no existir una orden judicial explícita para suspenderla, la entidad electoral procede con la logística, que según se informa, tiene un costo superior a los 193 mil millones de pesos. En la contienda por la candidatura presidencial se medirán el senador Iván Cepeda, la exministra Carolina Corcho y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero. La decisión del tribunal generó una fuerte reacción del presidente Gustavo Petro, quien la calificó como un “sabotaje a la democracia” y un “golpe político premeditado”. Tras una reunión en la Casa de Nariño, los tres precandidatos firmaron un acuerdo para respetar el resultado de la consulta y ratificar su realización, mientras anunciaron que interpondrán recursos legales como una acción de nulidad para blindar el proceso. La Registraduría especificó que será una “consulta de partidos” o interpartidista, lo que tiene implicaciones sobre si el ganador podrá participar en la consulta del Frente Amplio en marzo de 2026.