El partido Centro Democrático ha radicado en el Congreso un proyecto de acto legislativo con el que busca reformar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La iniciativa, presentada en el marco del noveno aniversario del plebiscito sobre el Acuerdo de Paz, propone modificaciones sustanciales en el tratamiento que reciben los miembros de la fuerza pública que comparecen ante esta jurisdicción. La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, una de las promotoras del proyecto, ha explicado que la reforma busca corregir lo que considera un desequilibrio en el diseño de la JEP. Según Valencia, el modelo actual, pensado para las FARC, no es adecuado para los militares, quienes gozan de presunción de inocencia. La propuesta plantea, entre otros puntos, que los miembros de la fuerza pública tengan presunción de inocencia y que se establezcan sanciones restaurativas menos severas para aquellos que no aporten verdad plena, con el fin de evitar una posible intervención de la Corte Penal Internacional.
El proyecto ha generado un debate inmediato.
Diego Martínez, miembro de la comisión jurídica de la JEP, advirtió que la iniciativa podría ser un "caramelo envenenado", ya que, bajo la promesa de reducir penas, se desvirtuarían pilares del modelo de justicia transicional. La radicación de este proyecto de reforma constitucional abre un nuevo frente de discusión legislativa sobre uno de los pilares del Acuerdo de Paz, en un momento en que la JEP ha comenzado a emitir sus primeras sentencias.
En resumenEl Centro Democrático ha lanzado una ofensiva legislativa para reformar la JEP, proponiendo cambios en el tratamiento a los miembros de la fuerza pública. La iniciativa, que busca entre otras cosas suavizar las sanciones, ya genera un fuerte debate sobre sus implicaciones para el sistema de justicia transicional y el cumplimiento del Acuerdo de Paz.