El proceso comenzaría con la conformación de un comité promotor ciudadano, que no sería liderado por el Gobierno, encargado de la recolección de las firmas. Una vez alcanzada la meta, se presentaría un proyecto de ley para reglamentar la Asamblea, el cual debería ser aprobado por el próximo Congreso de la República, ya que, según Petro, el actual "se asustó hasta con la reforma a la salud". El mandatario ha sido enfático en que no busca reemplazar la Constitución de 1991, sino complementarla con reformas necesarias en temas como la reforma agraria, la crisis climática y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. En sus palabras, “el único que puede decidir si sí o no, es el pueblo, porque eso significa el Poder Constituyente”. A pesar de que la viabilidad jurídica de este mecanismo ha sido cuestionada por expertos, quienes señalan que la Constitución exige una ley aprobada por el Congreso actual para convocarla, el presidente insiste en que es la herramienta para que las reformas sigan avanzando y marcar "una nueva fase de la lucha popular".