El proyecto, presentado por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, es calificado como un “hito histórico” y fue construido tras un proceso participativo que involucró a más de 20.000 personas.

Sus ejes principales incluyen la recuperación de la soberanía estatal sobre los minerales, declarándolos propiedad exclusiva de la Nación, y una planificación territorial que definirá Zonas Aptas y Zonas Excluidas de Minería. Entre las medidas más destacadas se encuentra la prohibición de sustancias tóxicas como el mercurio y el cierre progresivo de minas a cielo abierto. Una modificación clave es que la licencia ambiental será obligatoria desde la etapa de exploración, un reclamo histórico de los movimientos sociales. Además, la ley propone formalizar la minería artesanal y de pequeña escala, y vincular la actividad minera con la reindustrialización del país, priorizando el uso de minerales estratégicos para la transición energética. El ministro Palma afirmó que se trata de “una ley moderna que protege el ambiente, garantiza derechos y genera valor en el país”. El debate legislativo sobre esta ambiciosa propuesta comenzará en los próximos días.