El proyecto de ley que reforma los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, clave para la financiación de las universidades públicas, se prepara para sus dos debates finales en la Cámara de Representantes. En este contexto, el movimiento estudiantil ha convocado a una gran jornada de movilización para el 10 de octubre con el fin de presionar por su aprobación. La reforma es descrita como una iniciativa crucial para saldar una “deuda histórica” con la educación superior pública, que ha operado con un déficit estructural por más de tres décadas. El proyecto, impulsado por congresistas como Gabriel Becerra del Pacto Histórico, introduce tres cambios fundamentales: primero, la creación del Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) para reemplazar el IPC como base para los ajustes presupuestales anuales, reflejando así los costos reales del sector. Segundo, aumenta el compromiso del Estado en los aportes basados en el crecimiento del PIB del 30 % a un mínimo del 70 %.
Tercero, establece por primera vez una base presupuestal para las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias (ITTU).
El representante Becerra ha subrayado la importancia de la presión ciudadana para asegurar la aprobación final del proyecto, afirmando que “ningún derecho se ha conquistado sin movilización.
Los estudiantes han convocado una gran jornada para el próximo 10 de octubre, y su voz será decisiva”. Los artículos también destacan que la iniciativa ya superó su trámite en el Senado y que su aprobación final en la Cámara es fundamental para convertir en política de Estado los recientes avances en cobertura educativa.
En resumenLa reforma a la Ley 30, que busca garantizar una financiación estable y adecuada para la educación superior pública, enfrenta sus dos debates finales en la Cámara de Representantes. La movilización estudiantil convocada para el 10 de octubre se perfila como un factor determinante para presionar al Congreso a aprobar una reforma considerada histórica para asegurar la sostenibilidad del sistema y consolidar la educación como un derecho fundamental.
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