Actualmente, ninguna de las tres ponencias radicadas —la oficialista, la alternativa y la de archivo— cuenta con los votos necesarios para ser aprobada. La tensión escaló cuando el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, acusó a la senadora Norma Hurtado (Partido de la U), autora de la ponencia alternativa, de desconocer acuerdos pactados con su “jefa política”, la gobernadora Dilian Francisca Toro. El presidente Petro respaldó al ministro, afirmando que la propuesta alternativa busca “preservar el sistema de robo” y entregar más de 60 billones de pesos a las EPS.

La gobernadora Toro respondió enfáticamente que desde que asumió su cargo no tiene injerencia en las decisiones del Congreso. Ante el bloqueo, el ministro del Interior, Armando Benedetti, ha llegado a plantear que, si las reformas no avanzan, “se abre camino a una Constituyente”, pues “al Congreso le quedó grande todo”. La discusión, que fue aplazada nuevamente esta semana, se retomará después del 14 de octubre, con el Gobierno admitiendo no tener las mayorías y evaluando estrategias como la apelación en caso de que la iniciativa sea archivada.