Según el articulado, los uniformados solo podrían ejercer su derecho en las urnas sin participar en campañas. El representante Juan Manuel Cortés, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, apoyó la iniciativa, afirmando que se busca que los uniformados “voten en silencio, que no vayan a hacer campañas políticas en los batallones”. Si el proyecto es aprobado, su implementación no sería inmediata para las elecciones de 2026, ya que se contempla un plazo de un año para que la Registraduría y el Gobierno reglamenten la materia, por lo que su aplicación efectiva se daría en un plazo de cuatro años. La propuesta reabre un debate histórico en Colombia sobre el rol de la fuerza pública en la democracia y su necesaria neutralidad política.