La discusión sobre el Presupuesto General de la Nación para 2026 ha puesto en evidencia una fuerte tensión entre el Gobierno y el Congreso en torno a la necesidad de una nueva reforma tributaria, o ley de financiamiento, para cubrir un faltante fiscal. Mientras el Ejecutivo insiste en que es indispensable para la sostenibilidad de las finanzas públicas, sectores de la oposición anuncian su voto negativo, argumentando que el país no soporta más impuestos. Tras la aprobación en primer debate de un presupuesto de $546,9 billones, con un recorte de $10 billones, el presidente Gustavo Petro anunció que retiraría las propuestas de incrementar los impuestos a la gasolina y la cerveza. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el Gobierno seguirá adelante con la discusión de una ley de financiamiento por aproximadamente $16,9 billones. El senador conservador Efraín Cepeda ha sido una de las voces más críticas, afirmando que votará negativamente la iniciativa porque, en su opinión, los recursos se destinarán a “gastos de funcionamiento para orden de prestación de servicio de gente que no hace nada, solo por el voto”. Cepeda instó al Gobierno a mejorar la ejecución del presupuesto actual en lugar de buscar nuevos tributos.
Por su parte, la senadora Angélica Lozano advirtió sobre el riesgo de que, si la reforma tributaria no prospera, el Gobierno recurra a un mayor endeudamiento para cubrir el déficit, y propuso incluir un artículo que lo prohíba.
El debate se perfila como una de las batallas legislativas más importantes de los próximos meses.
En resumenLa aprobación del presupuesto 2026 está intrínsecamente ligada a una nueva ley de financiamiento que genera fuerte resistencia en el Congreso. A pesar de que el presidente Petro retiró las propuestas de impuestos a la gasolina y la cerveza, el Gobierno necesita recaudar cerca de $16,9 billones adicionales, una medida que la oposición ya anunció que no respaldará, lo que abre un escenario de incertidumbre fiscal.