Este proceso electoral se ha visto envuelto en tensiones internas y disputas jurídicas que ponen a prueba la unidad del progresismo.

La contienda se redujo a tres aspirantes: el senador Iván Cepeda, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero y la exministra de Salud Carolina Corcho. La decisión se tomó tras la renuncia de otras figuras relevantes como Gustavo Bolívar, María José Pizarro y Susana Muhamad, quienes declinaron sus aspiraciones para respaldar a Cepeda, en un movimiento interpretado como un esfuerzo por consolidar un frente unido contra Quintero. La participación del exalcalde de Medellín ha sido el principal punto de discordia; Gustavo Bolívar fue explícito al afirmar que no apoyaría una eventual victoria de Quintero por razones éticas, declarando: “Hay una pequeña posibilidad de que el candidato Daniel Quintero gane y yo me vea obligado a trabajar por una candidatura en la que no creo, con muchas incoherencias y sombras”. La realización de la consulta misma estuvo en duda debido a una resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que limitaba la fusión del Pacto como partido único, excluyendo a movimientos como Colombia Humana y Progresistas. Sin embargo, una medida cautelar del Tribunal Superior de Bogotá y una intervención directa del presidente Gustavo Petro, quien a través de X exigió que “el pueblo tiene derecho a elegir sus candidatas o candidatos”, forzaron la reactivación del mecanismo. Este episodio no solo define la carrera presidencial de la izquierda, sino que también reconfigura los equilibrios de poder internos, con Pizarro ahora perfilada para encabezar la lista al Senado.