Estos nuevos cargos se suman a los ya existentes por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

El caso ha estado rodeado de una fuerte tensión política e institucional, que se agudizó recientemente con una carta de la fiscal titular, Lucy Laborde, a la fiscal general, Luz Adriana Camargo. En la misiva, Laborde denunció “presiones indebidas” e “interferencias” en su labor, criticando la designación de una fiscal de apoyo sin su consentimiento, medida que posteriormente fue revocada. A esta controversia se sumaron las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien acusó a la fiscal Laborde de estar “subordinada al deseo político” de la oposición y de filtrar información reservada. La defensa de Day Vásquez, testigo clave del caso, también expresó su preocupación, sugiriendo que las maniobras internas podrían buscar un “favorecimiento” para el hijo del presidente. La audiencia del 1 de octubre es crucial, pues una eventual solicitud de detención preventiva cambiaría drásticamente la situación jurídica del procesado.