El Congreso de la República se enfrenta a una carrera contrarreloj para aprobar el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026. Con un plazo legal que vence el 25 de septiembre para el primer debate en comisiones económicas conjuntas, la discusión está marcada por la falta de consenso y el riesgo de que el proyecto sea expedido por decreto. El debate, programado para iniciar el 24 de septiembre, se centra en tres ponencias distintas. La propuesta del Gobierno, firmada por una minoría de congresistas oficialistas, mantiene el monto global en $556,9 billones, pero su viabilidad depende de la aprobación de una nueva reforma tributaria por $26,3 billones, la cual enfrenta una fuerte resistencia. Como alternativa, la representante Olga Lucía Velásquez, de la Alianza Verde, lidera una ponencia que propone reducir el presupuesto en $10 billones para evitar la reforma fiscal y eliminar artículos considerados "peligrosos".
Una tercera ponencia, del Centro Democrático, plantea un recorte aún mayor, a $530 billones, sin necesidad de nuevos impuestos. La tensión aumentó tras el levantamiento de una sesión previa por falta de quórum, lo que ha alimentado las advertencias de congresistas como Efraín Cepeda sobre una posible estrategia del oficialismo para permitir que el presupuesto se apruebe por decreto si no se logra un acuerdo antes de la fecha límite. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha hecho un llamado a la concertación, defendiendo que el proyecto es una "alternativa de solución de mediano plazo a las finanzas del país”.
En resumenEl primer debate del Presupuesto Nacional de 2026, fijado para el 24 de septiembre con un plazo límite al día siguiente, se desarrolla en un ambiente de alta tensión. La falta de consenso en torno a la propuesta gubernamental de $557 billones, que requiere una impopular reforma tributaria, ha dado lugar a ponencias alternativas y ha generado temores de que el Gobierno opte por expedir el presupuesto por decreto ante un posible estancamiento en el Congreso.