El presidente Gustavo Petro ha defendido el proceso, argumentando que no existe norma que obligue a aprobar el anuncio de una sesión con quórum decisorio. Sin embargo, la representante Katherine Miranda ha denunciado un presunto delito de falsedad en documento público en el informe enviado a la Corte, afirmando que el acta clave del 26 de junio fue avalada sin el quórum requerido. El presidente de la Cámara, Julián López, defendió la legalidad del trámite y calificó la ley como “la esperanza del pueblo”. El procurador general, Gregorio Eljach, respaldó esta postura, emitiendo un concepto en el que afirma que las actas no son un requisito indispensable del trámite legislativo y que la ley fue tramitada correctamente. “Ojalá la Corte en su sabiduría tome la decisión pronto, la que quiera”, declaró Eljach, pidiendo celeridad para resolver la incertidumbre que afecta a millones de colombianos. Ahora, con las pruebas y el concepto de la Procuraduría en su poder, el magistrado ponente Jorge Enrique Ibáñez, quien ha sido criticado por el ministro Armando Benedetti por sus “caprichos”, deberá presentar una ponencia ante la Sala Plena para la decisión final.