El alto tribunal devolvió el proyecto al Congreso para que subsanara las irregularidades, y ahora necesita las actas 256 y 257 para verificar si el procedimiento se corrigió adecuadamente.

A pesar de múltiples requerimientos desde el 22 de julio, la Cámara, presidida por Julián López, no ha entregado la documentación completa, solicitando una nueva prórroga que fue concedida como un “último llamado”. El magistrado ponente, Jorge Enrique Ibáñez, ha sido insistente en la necesidad de estos documentos para avanzar. La Corte ha sido clara en que “la decisión de fondo debe adoptarse sobre un acervo probatorio completo y no sobre aproximaciones fragmentarias”, advirtiendo que otros soportes como grabaciones o listados de votación no reemplazan las actas oficiales. La demora ha generado tensiones entre el poder legislativo y el judicial, y mantiene en suspenso la entrada en vigencia de una reforma que impactará a millones de colombianos. El presidente Petro ha criticado al magistrado Ibáñez por la insistencia en este requerimiento, sugiriendo que busca dilatar el proceso.