La SIC, dirigida por Cielo Rusinque, ha negado cualquier ataque, asegurando que la investigación es de carácter técnico y busca proteger la libre competencia. Por su parte, el exministro de las TIC, Julián Molina, había aclarado previamente que la concesión del canal está vigente hasta 2027, contradiciendo la versión del presidente sobre el fin del contrato. El caso pone de manifiesto la tensión entre el Gobierno y algunos medios de comunicación, y abre un debate sobre los límites de la regulación estatal y la protección de la libertad de expresión.