Sin embargo, esta dilación ha exacerbado las tensiones entre el Legislativo, el Ejecutivo y el poder Judicial.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha criticado duramente al magistrado ponente en la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, acusándolo de dilatar la discusión y de "acosar a 3 millones de viejitos en Colombia". Benedetti afirmó que la estrategia del magistrado es atribuible a él y no al resto de la Corte, y que sus constantes requerimientos, como pedir que se votaran las actas y ahora cómo fue la votación, exceden su función de control constitucional. Por su parte, el presidente Petro ha manifestado que el aplazamiento se debe al "miedo a su efecto electoral" y ha calificado la situación como un "simple golpe de estado". La Corte Constitucional espera las actas para poder emitir un fallo de fondo sobre la constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024, de la cual depende la implementación del bono pensional para cerca de tres millones de adultos mayores.