El presidente Gustavo Petro ha defendido la iniciativa asegurando que “el pobre no usa casi la gasolina” y que la reforma se enfoca en gravar a quienes más tienen.

Sin embargo, esta afirmación ha sido ampliamente refutada.

Gremios como la ANDI, en voz de su presidente Bruce Mac Master, advirtieron que “un IVA a los combustibles significa más impuestos para el transporte público, los alimentos y la canasta familiar”. Transportadores de Medellín alertaron que el pasaje de bus podría encarecerse en $800, pasando a costar $4.200.

Por su parte, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, señaló que el alza en licores y cigarrillos fomentará el contrabando y reducirá las rentas departamentales para salud y educación. El presidente de Anif, José Ignacio López, fue más allá, calificando la reforma como un proyecto “en contra de la inversión y el crecimiento del país” que podría estimular la fuga de capitales. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha intentado calmar los ánimos, asegurando que “los gastos de funcionamiento ni están desbordados” y que el gobierno está abierto a dialogar con el Congreso para realizar ajustes.