Esta medida, que aumentará el subsidio de 80.000 a 230.000 pesos mensuales para más de 3 millones de adultos mayores vulnerables, es presentada como un adelanto de los beneficios de la ley. Según el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, este pago es un paso decisivo hacia la justicia intergeneracional. Esta dualidad, con la Corte exigiendo rigurosidad procesal al Congreso y el Ejecutivo adelantando administrativamente partes de la reforma, crea un escenario de incertidumbre sobre la implementación final de la ley.